Nota: Esta opinión no pretende ser un análisis estrictamente técnico, las referencias que se citan es sobre todo para mostrar un contexto relacionado con el tema principal que es dejar expuesto el uso proselitista no solo del candidato al cual se menciona sino a toda la clase política costarricense que utiliza por usar un término mesurado el tema del atún para lograr réditos electorales pero que al final no resuelve la problemática existente.
En el ámbito electoral de cualquier país, las promesas de campaña son la norma, y Costa Rica no es la excepción. Ante la propuesta realizada por el candidato del Partido Social Democrático, Rodrigo Chaves, de permitir que los pescadores puntarenenses capturen atún aleta amarilla como solución a la limitada oferta laboral en el puerto, es pertinente analizar la viabilidad de dicha promesa a la luz de la realidad del sector atunero nacional.
El tema del atún es sumamente complejo. Al tratarse de una especie pelágica, no es sedentaria: su aparición o desaparición en ciertas aguas responde a ciclos migratorios vinculados a factores como alimentación, temperatura y reproducción. Esto incide directamente en la rentabilidad que puede obtenerse del otorgamiento de licencias de pesca en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) costarricense.
En 1975, bajo el tercer mandato de José Figueres Ferrer, se fundó la cooperativa COOPEATUN R.L., con el propósito de establecer una flota atunera nacional y generar empleo en Puntarenas. La Asamblea Legislativa autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar avales por hasta 15 millones de dólares para garantizar préstamos destinados a la adquisición de embarcaciones como el Coopeatun I y II (ambas con capacidad de 1.200 toneladas). Sin embargo, tras esa experiencia, no se han mantenido en operación barcos 100 % de bandera costarricense.
Costa Rica carece de la infraestructura y logística necesarias para proteger su ZEE y hacer cumplir las políticas de protección de sus recursos marinos. La vigilancia marítima ha sido un desafío histórico no resuelto, pese a iniciativas como la Ley Ferreto (Ley 5775 de 1975), que proponía financiar dicha vigilancia con los recursos generados por la actividad pesquera.
Las licencias de pesca establecen que el producto capturado en aguas nacionales debe ser descargado únicamente en muelles autorizados del país, salvo en casos de fuerza mayor. Las empresas procesadoras, como Sardimar, deben demostrar su capacidad de almacenamiento y procesamiento previo a la descarga.
En caso de incumplimiento del contrato entre el armador y la industria nacional, el INCOPESCA puede revocar el derecho de la embarcación a obtener licencias futuras. Además, las capturas deben ser reportadas y descontadas de la cuota anual asignada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que actualmente asciende a 9.302 toneladas métricas.
Costa Rica prohíbe la exportación de atún entero sin procesar capturado con licencias nacionales. Este debe ser enlatado o procesado en el país. Una vez completada la cuota, no se otorgan nuevas licencias hasta el inicio del año siguiente.
Existen discrepancias en la medición del tonelaje utilizado para otorgar licencias. Aunque internacionalmente se usa la tonelada métrica, Costa Rica ha mantenido el uso de la tonelada Moorsom, equivalente a 2.830 kg, lo cual genera desbalances en la gestión de licencias y recaudación fiscal.
El artículo 55 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que otorgaba licencias gratuitas a barcos extranjeros, fue reformado en 2019 tras constatarse que apenas un 15 % del atún capturado en aguas nacionales era procesado en el país. A partir de entonces, las licencias comenzaron a subastarse.
Una limitación significativa es la falta de obligatoriedad legal para que las embarcaciones incluyan pescadores locales. A modo de comparación, Perú exige que al menos el 30 % de la tripulación sea nacional, aunque en la práctica el cumplimiento es del 15 %. Esto limita el impacto real en el empleo local.
Entre 2002 y 2011, se pescaron 259.180 toneladas métricas de atún en la ZEE costarricense, de las cuales el 85 % fue desembarcado en el extranjero. En 2017, esta cifra se redujo al 72 %, pero sigue siendo considerable.
Costa Rica ha asignado su capacidad pesquera a embarcaciones extranjeras sin obtener el reconocimiento correspondiente de capturas, afectando sus derechos en los registros históricos internacionales.
El país debe actualizar el sistema de licencias y ajustarlo a condiciones económicas actuales para maximizar los beneficios fiscales sin afectar la competitividad del sector.
Entre 2008 y 2011, la pesca de atún generó entre $75 millones y $125 millones, de los cuales el Estado costarricense apenas percibió un 0,6 %.
Costa Rica importa atún de Ecuador, Tailandia, Vietnam y Filipinas, pues resulta más barato que adquirirlo localmente. La industria se enfoca en mantener costos bajos más que en fortalecer el encadenamiento productivo nacional.
El crecimiento del sector podría lograrse fortaleciendo la infraestructura logística portuaria, incluyendo servicios como reparación de redes, avituallamiento (‘ship chandlers’), almacenamiento, mecánica, electrónica y refrigeración. Actualmente, Manta,Ecuador lidera en competitividad logística y se posiciona como capital mundial del atún. (ver enlaces al final del artículo)
La tarifa por licencia de pesca es de aproximadamente $53.100 por embarcación, más $20 por tonelada neta de registro. Esto financia los compromisos ante organismos regionales y el funcionamiento institucional.
Para beneficiar realmente y en particular a los pescadores puntarenenses se requeriría una ley que obligue a contratar un porcentaje mínimo de tripulación nacional. De lo contrario, el impacto en el empleo directo será mínimo.
La problemática atunera en Puntarenas ha sido ignorada durante más de 50 años. Reaparece cíclicamente como tema de campaña electoral, sin que se presenten soluciones estructurales. Si el candidato Rodrigo Chaves omitió estos aspectos técnicos en su propuesta, su promesa difícilmente será más que un recurso populista.
En la segunda ronda electoral, José María Figueres Olsen, del PLN, no había hecho aún referencia a este tema, pese a su sensibilidad para la población costera.
En 2018, la empresa ecuatoriana Seatech Worldwide Corporation mostró interés en invertir en Costa Rica, pero la falta de voluntad política del gobierno de Carlos Alvarado frustró la posibilidad de consolidar esa inversión en el sector atunero nacional.
Línea de Tiempo
📅 **Febrero 2022 – Promesa electoral**
> Chaves en campaña asegura que el atún aleta amarilla debe beneficiar directamente a los pescadores locales.
📅 **Octubre 2022 – Propuesta de reglamento**
> Se anuncia un modelo para subastar las cuotas de pesca de atún, buscando justicia económica para Puntarenas.
📅 **Diciembre 2022 – Reforma atunera**
> Se oficializan las subastas abiertas. Chaves promete miles de millones de colones para Puntarenas y Guanacaste.
📅 **Agosto 2023 – Planta atunera anunciada**
> El presidente anuncia llegada de dos empresas y creación de 1.500 empleos.
📅 **Octubre 2023 – Proyecto cancelado**
> Gobierno rompe negociaciones tras detectar irregularidades. Chaves declara el proyecto como “absolutamente desestimado”.
📅 **2024–2025 – Silencio o desplazamiento del discurso**
> El enfoque gira a temas como la Ley Jaguar, seguridad, infraestructura y eventos populares. No hay menciones destacadas al atún en sus últimas giras en Puntarenas.
Debajo algunas referencias que muestran el desarrollo en el puerto de Manta en el Ecuador y la incidencia en el empleo y economía que la industria del atún produce.
Manta: capital y potencia mundial del atún
Manta, Ecuador: Un Faro Económico y Cultural en la Costa del Pacífico
Ecuador se ha convertido en un ‘hub’ de procesamiento del atún
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